Lima enfrenta una nueva crisis de seguridad que ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas. Por tercera ocasión en menos de dos semanas, las autoridades declararon el estado de emergencia en la capital peruana y en la vecina provincia del Callao, una decisión que refleja la gravedad de la situación y la urgencia por contener la ola de violencia que azota a la región. Este decreto, el más reciente en una serie de acciones similares, llega apenas diez días después de que el Congreso entregara el poder al actual mandatario, tras la destitución de su predecesor en medio de un escándalo de corrupción que sacudió al país.
El panorama no es nuevo. Durante su breve gestión, el gobierno anterior también recurrió a esta medida para intentar frenar la inseguridad en Lima y Callao, pero los resultados fueron insuficientes. A pesar de los esfuerzos, los índices de criminalidad no solo no disminuyeron, sino que continuaron en ascenso, consolidando a Perú como uno de los países con mayores desafíos en materia de seguridad en la región. Según datos oficiales, el año pasado cerró con una tasa de homicidios de 10.7 por cada 100 mil habitantes, la más alta en los últimos años y superior a los 10.1 registrados en 2024. Sin embargo, el problema se agudiza en las zonas urbanas: Lima y Callao registraron cifras alarmantes, con 23.1 y 22.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente, casi el doble del promedio nacional.
La declaración del estado de emergencia otorga a las fuerzas de seguridad facultades excepcionales, como la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno, la restricción de derechos como la libertad de tránsito y la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial. Estas medidas, aunque polémicas, buscan recuperar el control en un contexto donde la delincuencia organizada, el narcotráfico y la violencia callejera han ganado terreno. Sin embargo, expertos advierten que, sin una estrategia integral que incluya inversión en inteligencia, prevención social y reforma policial, los efectos podrían ser temporales.
La población, por su parte, vive con creciente temor. En los últimos meses, los asaltos a mano armada, los secuestros express y los ajustes de cuentas entre bandas han dejado de ser noticias aisladas para convertirse en parte de la cotidianidad. Vecinos de distritos como San Juan de Lurigancho, Comas y el Callao denuncian que la presencia policial es insuficiente y que, en muchos casos, los delincuentes actúan con total impunidad. Las redes sociales se han convertido en un espacio para compartir videos de robos violentos, lo que ha generado una sensación de desprotección aún mayor.
Mientras el gobierno insiste en que el estado de emergencia es una herramienta necesaria para “restablecer el orden”, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por posibles abusos de autoridad. En el pasado, este tipo de medidas ha derivado en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos fundamentales, especialmente en zonas vulnerables. La tensión entre la necesidad de seguridad y el respeto a las garantías individuales se ha convertido en uno de los debates centrales en el país.
Lo cierto es que, más allá de los decretos, la crisis de inseguridad en Lima y Callao exige soluciones de fondo. La corrupción en las instituciones, la falta de oportunidades para los jóvenes y la debilidad del sistema judicial son factores que alimentan el círculo vicioso de la violencia. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando respuestas concretas que les permitan recuperar la tranquilidad en las calles. La pregunta que queda en el aire es si esta nueva medida logrará lo que las anteriores no pudieron: devolverle a Perú la paz que tanto necesita.
