La activista denunció con firmeza que la iniciativa en cuestión representa un grave riesgo para la laicidad del Estado, una simulación de participación ciudadana y, sobre todo, una manipulación de menores de edad con fines políticos. En su intervención, subrayó que los intereses religiosos no pueden —ni deben— dictar el rumbo de las decisiones legislativas, pues las leyes deben construirse desde el debate racional y el respeto a los derechos humanos, no desde dogmas inamovibles. “No se trata de prohibir creencias”, aclaró, “sino de garantizar que las políticas públicas se diseñen bajo principios de laicidad y equidad, como siempre hemos defendido”.
Su preocupación se centró en un punto clave: cuando instituciones religiosas organizan campañas masivas para presionar a los legisladores, ya no se trata de expresiones individuales de fe, sino de una injerencia sistemática en la vida democrática. “No es lo mismo que un ciudadano manifieste su postura a que una estructura parroquial movilice recursos, redes y hasta a menores de edad para influir en votaciones”, advirtió. La activista cuestionó la ética detrás de estas prácticas, que, a su juicio, distorsionan el ejercicio legislativo y lo someten a agendas ajenas al interés colectivo.
Uno de los aspectos más alarmantes, según su análisis, es el uso de niños y adolescentes en estas estrategias de presión. “Es inaceptable que se instrumentalice a la infancia para avalar con su firma causas que ni siquiera comprenden”, afirmó con indignación. Para ella, esta práctica no solo vulnera el principio del interés superior de la niñez, sino que normaliza la explotación de su inocencia en conflictos políticos. “Los menores no tienen la madurez para entender las implicaciones de lo que firman, y menos cuando se les presenta como un acto de ‘solidaridad’ o ‘defensa de valores’, cuando en realidad son piezas de un juego mucho más grande”, explicó.
La activista insistió en que la laicidad del Estado no es un capricho ideológico, sino una garantía para que todas las voces —religiosas o no— tengan el mismo peso en el espacio público. “El Congreso no puede convertirse en un escenario donde se negocien privilegios para grupos específicos, ni mucho menos en un campo de batalla donde se usen a los más vulnerables como escudos”, sentenció. Su llamado fue claro: las instituciones deben blindarse contra cualquier forma de presión organizada que busque imponer visiones particulares sobre el conjunto de la sociedad.
En un contexto donde las tensiones entre fe y política se agudizan, su postura resonó como un recordatorio de que la democracia exige límites claros. “La libertad religiosa es un derecho, pero no puede ser un cheque en blanco para condicionar leyes, educar desde el adoctrinamiento o, peor aún, utilizar a los niños como moneda de cambio”, concluyó. La discusión, lejos de cerrarse, abre interrogantes sobre hasta dónde debe llegar la influencia de los grupos religiosos en la toma de decisiones y qué mecanismos existen para proteger a la infancia de ser arrastrada a conflictos que no le corresponden.
